Ley
de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza). Reforma del Código Penal. Ley de
Propiedad Intelectual (Tasa Google). Pacto Anti-Yihadista. Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Ley Torquemada). Éstas son las últimas medidas
represivas adoptadas por el Gobierno del PP en el Estado español, varias
de las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de Julio en todo el
estado.
Este incremento de la represión no es más que la respuesta preventiva
de los gestores del capitalismo, en un momento de su desarrollo en el
que los países occidentales, en su competencia con las nuevas potencias
emergentes, se verán obligados a seguir suprimiendo derechos y
recortando salarios. Un proceso que provocará la agudización de las
contradicciones y de la lucha de clases.
Las medidas represivas persiguen eliminar cualquier atisbo de
protesta social, reprimiendo toda forma de organización autónoma,
popular y auténticamente crítica con el sistema.No son una mera
expresión de la política ultraconservadora del Partido Popular sino que,
respondiendo a la situación crítica en la que éste se encuentra, serían
también reproducidas por el PSOE o por cualquier otro partido que tenga
como objetivo la preservación del actual orden social.
Para lograr su objetivo el Estado dispone de sus distintos aparatos
represivos: Los diferentes cuerpos policiales, el aparato judicial; que
en ningún caso protegen los intereses de los más débiles, sino todo lo
contrario. Cuenta también con los medios de comunicación de masas, cuya
función es legitimar la explotación y tratar de evitar la subversión en
el seno de de las clases populares.
Pero algunos medios de comunicación y las personas que trabajamos en
ellos nos encontramos también en el punto de mira de esta persecución.
Casos como el de los periodistas Jaime Alekos, Alicia Armesto, Raul
Capi, Adolfo Lujan, Pitu, Iraitz Salegi, Boro - enjuiciados por ejercer
su labor informativa- o el ataque de los Mossos a la redacción de la
Directa, por citar algunos ejemplos, son una muestra de la brutal
insistencia con la que el sistema intenta silenciarnos para, de esa
manera, invisibilizar las protestas y las luchas de los movimientos
sociales, haciendo caso omiso a la libertad de expresión recogida en el
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La ofensiva desatada en contra de la libre opinión expresada a través
de Internet, donde ha podido desarrollarse una información
independiente de los intereses de la banca y los grandes consorcios
económicos, constituye otra expresión más de este mismo fenómeno.
El régimen no dudará en censurarnos, en cerrar nuestros medios, multarnos o encarcelarnos.
Es por eso que diferentes medios de comunicación del estado hemos
visto la necesidad de aunar fuerzas contra un enemigo común, que va más
allá del gobierno de turno, comunicando y denunciando todos los abusos y
arbitrariedades.
Pero sabemos que no basta con la simple denuncia, si detrás de ésta
no hay una fuerte organización popular que dispute el poder a las clases
dominantes.
Es por eso que hacemos un llamamiento a los diferentes medios de
comunicación alternativos y a los movimientos sociales a trabajar
conjuntamente contra la represión y a movilizarse contra estas
legislaciones de excepción.
En ello nos va no solo la libertad para pensar y la posibilidad de
transmitir nuestras ideas, sino también la preservación de las escasas
libertades formales que aún no han sido suprimidas.
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