A la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas aún en prisión preventiva.
La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad sin fianza para tres de las cinco personas que seguían hasta ahora en prisión provisional, detenidas en el marco de la Operación Piñata,
el pasado 31 de marzo. Según ha explicado a Diagonal Daniel Amelang,
uno de los abogados que representan a los acusados de la Operación
Piñata, están ahora a la espera de que la Audiencia se pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas que aún siguen en prisión preventiva.
“La Audiencia ha considerado que la prisión preventiva era una medida desproporcionada”,
explica Amelang. “De momento mantienen los cargos contra ellos, pero
han visto que es innecesario que estén ahora en prisión”, concluye. Se
espera que al menos estas tres personas a las que la Audiencia ha
confirmado la libertad sin fianza salgan a lo largo de esta tarde de los
distintos centros penitenciarios a los que fueron dispersadas el 18 de
mayo.
En los tres autos por los que se ordena la puesta en libertad, la
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala
que la resolución del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no aportaba indicios suficientes ni concreción ”suficiente” de las supuestas actividades terroristas
que habrían cometido los detenidos como para ordenar su entrada en
prisión preventiva. También cita un recurso de la defensa de uno de los
detenidos en los que se señalaba que la vinculación entre las GAC [Grupos Anarquistas Coordinados] y el terrorismo era “absolutamente gratuita”.
La Operación Piñata tuvo lugar el 30 de marzo y supuso el registro de varios centros sociales ocupados en Madrid y la detención de 28 personas, quince de ellas acusadas de formar parte de una organización terrorista anarquista
y el resto por delitos de desobediencia, resistencia o usurpación. La
operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco, que afirma que los detenidos formarían parte de una supuesta
plataforma terrorista llamada Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) que
estaría relacionada con un grupo internacional denominado FAI/FRI. La operación fue la continuación de la Operación Pandora,
ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y
que tuvo lugar principalmente en Barcelona el 16 de diciembre. En su
marco se detuvieron a once personas. Siete de ellas fueron mandadas a
prisión preventiva hasta que el pasado 30 de enero Bermúdez decidió su
puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros.
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