En estos primeros meses de 2015 hemos presenciado una transformación profunda de los métodos y estrategias represivas del Estado Español
que venía gestándose desde hace décadas. La aprobación de leyes
sumamente restrictivas contra la movilización y el endurecimiento del
código penal van en paralelo con el lavado de cara y el cambio de
estrategia de los cuerpos represivos del Estado que les hace
incontrolables.
La primera parte de esta transformación es la conocida Ley Mordaza,
cuyo fin es dar más poder a la policía para sancionar de manera abusiva
según su criterio y sin necesidad de juicio. Entre otras medidas, se ha
sacado del código penal “Las[…] faltas de respeto […] a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, “la ocupación […] de la vía pública […] contra la decisión adoptada […] por la autoridad competente” o “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes”.
Esto significa dejar la decisión de imponer multas desorbitadas
exclusivamente al cuerpo policial de turno, con independencia de la
justicia y sin supervisión de ningún organismo. Además se abre la puerta
a la privatización de la represión, con la participación de empresas de
seguridad privadas en la aplicación de las medidas recogidas en esta
infame ley.
La segunda parte sería la reforma del código penal
injustificable en la sociedad con menor tasa de delitos por habitante
de su región. En esta reforma se incluyen una serie de supuestos cuyo
máximo exponente es la Cadena Perpetua. Esta reforma es especialmente
incisiva perseguir la movilización obrera y popular. El artículo 557
incluye como delito incitar a
alterar la paz pública, dejando a merced de la interpretación del
aparato judicial qué consignas o lemas puedan incurrir en ese delito.
Las luchas obreras y en particular las huelgas se pueden ver señaladas
cuando se incluye en ese mismo artículo que la ocupación de espacios
público o privados que supongan una perturbación relevante de su actividad normal.
A mayores se amplía la definición de terrorismo, con toda la carga
represiva que eso supone. La nueva definición es tan amplia que se puede
aplicar a cualquier disidencia y esta aplicación, una vez más, es
decisión de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional y los
cuerpos policiales.
La tercera parte de esta transformación
es la que está operando el Ministerio de Interior mediante el Cuerpo
Nacional de Policía, que de un tiempo a esta parte viene señalando nuevos objetivos hacía los que orientar toda la maquinaría represiva
construida en la guerra sucia contra el movimiento popular vasco y
justificada en la lucha contra el terrorismo. Se apunta ahora hacía el
yihadismo y el anarquismo como nuevas amenazas “terroristas”, aún sin
necesidad de aplicar la nueva definición recogida en el nuevo código
penal. Así nos hemos encontrado en los últimos meses con la policía
nacional invadiendo Centros Sociales y viviendas y llevándose a
compañer@s bajo la acusación de intencionalidad terrorista.
En suma, tenemos un panorama aterrador
en el que las fuerzas policiales están acumulando el poder que desde el
resto de instituciones del estado les están cediendo (judicatura,
abogacía, cámaras legislativas, organismos de control…). La represión que venimos padeciendo en los últimos años es sólo el primer paso del panorama que nos espera.
Todo esto se suma a una situación que afecta a millones de trabajadoras
y trabajadores de verdadera dictadura patronal. En los puestos de
trabajo cualquier tipo de implicación en la defensa de su dignidad
implica el despido y la persecución, apoyándose en las reformas
laborales de los últimos 5 años.
Por ello, las organizaciones populares y obreras de Valladolid anunciamos que vamos a poner todo de nuestra parte para enfrentar los efectos de la represión y que vamos a luchar hasta acabar con los cuerpos represivos que padecemos y la legislación que les ampara. No vamos a dejar de lado a quienes sufren la represión más descarnada ni vamos a ceder en la movilización. No podrán parar al movimiento popular.
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