Comisión Legal Sol
En las últimas semanas hemos asistido a
toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado
con el fin de atemorizar a los mo
vimientos sociales y a la ciudadanía
organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada
definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo. El último ejemplo ha
sido el reciente ataque a varios CSO’s y viviendas okupadas en la mañana
del 30 de marzo, que se ha saldado con numerosas detenciones y el
registro y destrozo de estos espacios de lucha colectiva.
En la madrugada del 10 de marzo se
asestaba el enésimo golpe represivo a los movimientos en defensa de la
vivienda con la detención en sus propias casas de 19 jóvenes que habían
participado en una protesta contra los desahucios. La policía imputó a
los detenidos un delito contra las instituciones del estado y algunos de
ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos
detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro
ejemplo de detención de castigo. La mayoría de las personas detenidas pertenecen a Distrito14,
colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde
fuentes policiales. Lo que nos llama poderosamente la atención es el
hecho de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el
pleno por la Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado,
no hubo ningún conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.
Pese a ello, y a pesar de estar
perfectamente localizables y no existir ningún motivo para pensar que no
fuesen a comparecer para declarar, casi un mes después la Policía
Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la mañana para
llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y realizar
una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de las
detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.
No existe argumento razonable para
justificar estas detenciones, y mucho menos la agresividad con que se
producen, cuando lo lógico, en caso de haber considerado que concurriese
algún hecho punible, es que se hubiese requerido a los intervinientes
para declarar mediante una sensata y acertada citación.
A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la manifestación de las Marchas de la Dignidad de Madrid
terminó con la detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas
fuertes cargas policiales en las que los antidisturbios se emplearon con
saña y gran violencia contra los grupos de manifestantes, causando
lesiones a la mayoría de las detenidas por el empleo de una fuerza
desproporcionada, llegando a retener tras las cargas y durante más de 2
horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz, obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante.
De nuevo, desde la prensa y desde fuentes policiales se había
adelantado una criminalización de esta marcha, que hacía prever una
fuerte represión.
El pasado lunes volvimos a asistir a otra
actuación policial teatralizada, desproporcionada y fuera de contexto,
en este caso contra el movimiento anarquista,
en un nuevo intento de criminalizar y atacar tanto a los espacios como a
las personas que defienden esta ideología. El fuerte dispositivo
policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y Palencia a un total de
27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante la Audiencia
Nacional por delitos de organización criminal con fines terroristas,
según el propio Ministerio del Interior ha difundido.
No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones
constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas,
fuertes acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales”
vagamente justificadas -llama la atención que una de las
principales acusaciones hable de tenencia de explosivos y se jacten de
haber encontrado en los registros realizados en viviendas “una botella
de camping gas”, o que se reavive de nuevo el fantasma del atentado en
La Almudena cuando ya hay personas cumpliendo penas de prisión por el
mismo hecho-, una total falta de información de los hechos que han
motivado las detenciones y un discurso por parte de las Instituciones
que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se pretende
apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza.
Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por
anarquistas.
Este tipo de detenciones, que
inevitablemente nos recuerdan a tiempos pasados, no nos resultan para
nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos varios ejemplos: los 6
detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo de 2012, el 28 de
noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20 de
noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3
detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11
detenidos el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en
la Operación PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha
encontrado en la Caza de Brujas un modus operandi perfecto para
criminalizar y estigmatizar frente a sus vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con las que comparten la calle.
Una detención, con la privación de
libertad que lleva aparejada, así como la imputación desmedida y
gratuita de delitos contra las instituciones del Estado son actuaciones
suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo trivial o
interesado.
Igualmente, nos alarman los testimonios
de las personas detenidas que confirman la continuación de los
interrogatorios a detenidos por policias (en la mayoría de los casos de
la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin presencia
Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias policiales y las agresiones sufridas en la detención.
Hemos podido observar que este comportamiento por parte de la policía
tiene un patrón pre-establecido, modulándose este (mal)trato en función
del perfil de las personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y
generalmente muy jóvenes, y el momento en que se produzcan las
detenciones. Nos preocupa que pueda existir alguna base política para
aplicar estas cuestionables prácticas policiales en las detenciones y
paso por comisarías, ya que sólo tenemos noticia de que aparezcan en
contextos de movilizaciones sociales ese especial agravio a las
detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.
Entendemos que nos encontramos en un
periodo de precampaña electoral en el que el discurso de orden y
seguridad o la efectividad policial ante supuestas amenazas (creadas) a
la convivencia, suele acarrear un importante rédito político y que es
una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes que
demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos
asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de
“protección” o “estabilidad”. Pero no podemos permanecer impasibles
viendo cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a
la aprobación de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley
Mordaza y Pacto “Antiterrorista”), participar en la comunidad a través
de una protesta se califique aleatoriamente como un delito, y además
como un delito contra las instituciones del Estado, con la gravedad que
ello supone.
Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones disidentes,
debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver profundos
conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la población
y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en
especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del
momento interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores
desprotegidos y marginados que intentan encauzar su malestar por la vía
de la protesta, a los cuales se les margina y reprime de manera
injustificadamente desigual.
Por otro lado, creemos que la respuesta a
estos acontecimientos también merece una reflexión y revisión por parte
de los movimientos sociales. En este tipo de prácticas represivas se
busca, entre otras cosas, generar pánico y desorganización en el tejido
social, razón por la que tenemos que ser capaces de mantener la calma en
este tipo de situaciones. Creemos que es importante tener en cuenta lo
aprendido en estos años y evitar que sean los aparatos represores los
que nos marquen la forma de actuar ante estos acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuando y el cómo, de forma colectiva y organizada.
No nos dejaremos amedrentar por los cuerpos e instituciones que día a
día hacer gala de un abuso de poder que siempre queda impune y
seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos. #NoPodránPararnos
No hay comentarios:
Publicar un comentario